Nuevas reglas de juego para los alquileres

El pasado viernes 1 de marzo el Consejo de Ministros aprobó in extremis un nuevo Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Como todos los decretos-leyes deben ser aprobados en primera instancia por el Consejo de Ministros, para después ser publicados en el BOE (que es cuando entran en vigor) y por último refrendados por la Cámara Baja. No obstante, ya que las cortes se han disuelto, esta nueva norma, la tercera en menos de tres meses en materia de alquiler, cuenta con un plazo de un mes para lograr la referida convalidación de la Diputación Permanente de la Cámara Baja.

A continuación, exponemos, a grandes rasgos, las nuevas condiciones que propone la nueva normativa de alquileres y que no tiene carácter retroactivo:

  • No limita los precios del alquiler, pero si sus posibles revisiones y subidas en función del IPC.
  • Se propone la creación  de un índice de precios que detallará la renta media por zonas o barrios, esta labor recae sobre las Comunidades Autónomas, que tendrán que publicar unas listas en un plazo de ocho meses.
  • Incentivos fiscales para alquileres por debajo de la renta media de la zona y eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
  • El período mínimo de los contratos de alquiler será de 5 años si el arrendador es persona física y de 7 para las empresas.
  • El Real Decreto establece también un límite para las garantías adicionales que puede exigir el arrendador, siendo 2 meses la fianza máxima.
  • En el caso de la resolución del contrato, el arrendador deberá de avisar con un plazo de 4 meses y el inquilino, por su parte, deberá comunicarlo con un plazo de 2 meses.
  • Los desahucios deberán ser comunicados con antelación a los servicios sociales para que valoren la vulnerabilidad del inquilino. Además, se obligar a los juzgados a detallar la fecha exacta y la hora del lanzamiento del inquilino con el fin de acabar con los desahucios abiertos (sin fecha concreta).
  • Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contratos, serán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica.
  • Con este Real Decreto se controla en mayor medida los pisos turísticos. Hasta el momento, debían contar con la unanimidad de votos de los vecinos para imposibilitar su implantación en la finca. A partir de este Real Decreto, con las 3/5 partes de los votos se podrá imposibilitar dicha práctica o la imposición de una mayor contribución de gastos comunitarios.

Desde RKS, en consonancia con otras instituciones del sector, consideramos que estos cambios normativos deben hacerse por consenso y no deben regularse por meros decretos. Este tipo de actuaciones unilaterales y de cambio frecuente de las reglas de juego, pueden desestabilizar un sector clave para la economía española (como lo es el inmobiliario) ya que crea inestabilidad e inseguridad para los inversores y para el propio sector.

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